El Tribunal Supremo define a los detectives privados como testigos privilegiados y añade en diferentes sentencias que es “un instrumento dotado de exclusividad para el eficaz control por el empresario de los deberes exigibles al trabajador” (STS 6-11-90).

Esta misma sentencia dice que “el testimonio emitido por los detectives privados tiene a favor de su veracidad, no sólo la garantía de profesionalidad exigible y en principio también presumible, en una profesión reglamentada legalmente, sino también de la que de modo innegable, proporciona la precisa y continuada dedicación al objeto del ulterior testimonio a emitir y las complementarias acreditaciones gráficas o sonoras de que puede ir acompañada”.

Es decir, que quien esté habilitado por el Ministerio del Interior como detective privado podrá actuar en el marco de un proceso judicial como perito si reúne las condiciones que la LEC establece para esta figura y ha sido designado en tal concepto por el Juez o Tribunal, pudiendo emitir entonces el correspondiente dictamen pericial, y siendo éste dictamen una prueba privilegiada dentro de las admitidas en derecho